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[aymara] Aroma de rebelion



Hoy en el noticiero de aymara.org  :


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AROMA DE REBELION

www.bolpress.com

Miguel Lora

(El Juguete Rabioso).- Seguidores contemporáneos
de Alcides Arguedas entienden que los caciques
"bárbaros y cavernarios" responsables de los
recientes sucesos en Collana deben ser sancionados
con dureza. Sin embargo, la criminalización de
los hechos no parece ser suficiente para contener
semejante desacato en la tierra de Zárate Willca y
de Tupac Katari.


La población aymara de Ayo Ayo, en el altiplano
paceño, colgó de una cuerda a su alcalde acusado
de corrupción y luego prendió fuego al cuerpo.
Poco tiempo antes, en Collana, la comunidad ocupó
las tierras del patrón por la fuerza y destruyó su
hacienda. Y para rematar, incendió las viviendas
de quienes, buscando enriquecimiento personal, se
aliaron al k'ara y pasaron por alto los intereses
de la comunidad. Todo eso ocurrió en los últimos
15 meses.


Las autoridades entienden que tal estallido de
violencia -se trata de actos vandálicos y
criminales contra la propiedad privada y el estado
de derecho, explican- debe ser atendido por la
justicia ordinaria y prefieren dejar a los
dirigentes en manos de jueces, aunque en este caso
la criminalización de los hechos no parezca
suficiente para resolver semejante desacato.


Pues no son "indios" levantiscos cualquiera
quienes desconocen al sistema y a sus
instituciones ni es la primera vez que lo hacen.
En realidad, los vecinos de la legendaria
provincia Aroma del departamento de La Paz,
descendientes de Julián Apaza, el gran Tupac
Katari, y de Pablo Zárate, "el temible Willca",
hace más de 200 años que protagonizan periódicas
rebeliones.


En las planicies áridas de Aroma del siglo XXI
todavía se sienten las reacciones indígenas frente
a un despojo sistemático que comenzó en el siglo
XVI, cuando la Corona se repartió tierra e indios
de la zona, y que continuó a la largo de la
historia republicana. Melgarejo estatizó sus
tierras comunales en el siglo XIX; los liberales
se compraron esas tierras a principios del XX y en
1952 los nacionalistas revolucionarios no
acabaron con todos los latifundios de la región
rebelde. Como es de suponer, medio siglo después
de la Revolución, éstos desheredados todavía
reclaman por el despojo y otra vez apelan a la
acción directa.


Conquistados, no sometidos

Una vez desintegrado el imperio de Tiahuanacu, en
el siglo XII, las etnias collas pacajakis y
sucasucas que poblaron lo que hoy es la provincia
Aroma fueron dos veces víctimas de la expansión de
imperios extraños.


Primero enfrentaron a Tupac Inca Yupanqui, quien
convirtió a sus habitantes en mitimaes, y después
a los conquistadores comandados por Francisco
Pizarro. Luego de la conquista, los dominios de
Sica Sica, Ayo Ayo y Calamarca se convirtieron en
un extenso corregimiento del Virreinato de Perú. A
partir de 1594 la Corona Española comenzó a
titular y a vender sus tierras de comunidad,
fragmentando algunas de ellas o haciéndolas
desparecer. Fueron sucesivos los despojos entre
1618 y 1674, a cargo de los visitadores Alonso
Ibañez de Lobera, Alonso de la Torre, Joseph de
Meneses y Pedro Luis Enriquez. Pero tuvo que pasar
más de un siglo, entre el hostigamiento y la
usurpación permanente, para que madure la rebeldía.


En febrero de 1781 se sublevaron Calamarca y Sica
Sica bajo la jefatura de Tupac Katari, célebre
dirigente nacido muy cerca de Collana, quien el 7
de marzo se intituló por vez primera en Ayo Ayo
"yo el virrey Catari". En escarmiento, el 20 de
junio de ese año las tropas españolas incendiaron
Sica Sica y el 22 de abril de 1782 tomaron
Collana, prendieron fuego a las casas y ejecutaron
crueles matanzas de indios en los cerros.


Se pensó que la independencia corregiría el
trauma, pero los herederos de la Corona que
tomaron el mando del nuevo Estado reconocieron el
pongueaje y entre

1838 y 1877 recurrieron a todos los medios
posibles para hacerse de la tierra de los 18 ó 20
originarios registrados en Collana.


El Estado en bancarrota acude al bolsillo indígena

Agobiado por su debilidad permanente, e incapaz de
cobrar impuestos a las élites y a las clases
medias urbanas, el Estado blanco-mestizo intentó
reformar el sistema impositivo y modificar la
contribución indígena a partir de 1850. En esa
coyuntura aparecieron los decretos de Melgarejo de
1866 que transformaron el ayllu Collana en
hacienda, estatus que se consolidó con las leyes
de 1874 y 1882.


El objetivo del Estado era cobrar tributos a los
indígenas para que consolidaran la propiedad de su
tierra. Fue así que en 1868 se traspasó por ley
todos los predios de comunidad al fisco. En 1867
el corregidor de Ayo Ayo notificó a los
originarios que tenían 60 días de plazo para pagar
el tributo, y como José Manuel Eguino y
Policarpio Arancibia, jilaqatas de Collana, se
negaron, entre julio y agosto se remataron las
tierras en favor del coronel Francisco Javier
Cárdenas. Sin embargo, dicho remate fue anulado
por la Ley de 1871.


En 1874, los mistis que controlaban la supuesta
república democrática de Bolivia abolieron el
ayllu, desconocieron a todas sus autoridades
originarias y ocuparon la tierra usando la
violencia. La Ley Ex Vinculación confería títulos
individuales, pero no reconocía comunidades, y
traspasaba parte de las tierras al Estado.
Reinante el positivismo que consideraba el retorno
al incario como la incivilización, en 1880 esa
ley fue ratificada y ampliada con el argumento de
activar un mercado de la tierra.


En la década de los 80 del siglo XIX criollos y
mestizos comenzaron a comprar tierras y a
convertir en "pongos" a sus habitantes, pese a que
los usurpados portaban títulos coloniales que
reconocían su propiedad comunal. De esta forma
pasó a manos de una élite de comerciantes
aproximadamente el 16% de la tierra comunal de
Sica Sica.


Entre 1882 y 1883, Ayo Ayo estaba dividida en seis
comunidades: Arcata, Sullcani, Araca, Collana,
Pomarasa y Pomani, que en conjunto poseían casi
50.000 hectáreas de las cuales sólo un tercio era
apta para el cultivo de papas dulces, cebada,
canahua y quinua, entre otros productos. En
Collana -que detentaba el 15% de esa tierra, es
decir 7.399 hectáreas- vivían 126 contribuyentes
de 18 a 50 años, cada uno poseedor de 58,73
hectáreas en promedio.


En 1882 los indígenas originarios y agregados de
Collana recibieron una escritura de propiedad pro
indiviso y a partir de 1886 acordaron vender
"libre y espontáneamente" parte de las tierras,
convirtiéndose en colonos de la hacienda de
Cesáreo Zalles, liberal y miembro del gobierno de
Severo Fernández Alonso.


Desintegradas comunidades enteras en nombre del
libre mercado, el latifundio se expandió. Las
víctimas apelaron a la justicia y contrataron
indios letrados para que los representasen en los
tribunales. Así aparecieron los "caciques
apoderados", uno de los cuales fue Pablo Zárate,
"el temible Willka", vecino de la zona y cacique
encargado de defender las tierras de Sica Sica en
1890.


La compra, venta y remate de tierras aumentó en
las últimas dos décadas del siglo XIX, acelerando
la concentración en manos de k'aras y mestizos a
través de la vía legal. Fueron tantas las
denuncias que pronto se conformó una red de
caciques apoderados con representación en varios
departamentos. Como la justicia sacaba cara por
los hacendados, a fines del siglo XIX el
descontento se generalizó. Y así, entre las
frustraciones de la pelea judicial, fermentó la
rebelión de 1899.


¿Y la Revolución?

La alianza con los liberales no detuvo la
expropiación colectiva de la tierra y más bien
significó la derrota indígena y el cese de la
resistencia comunal organizada hasta la segunda
década del siglo XX. Luego de la guerra federal,
conservadores y liberales se abrazaron con el
objetivo de contener a la fuerza campesina,
conservar su monopolio político y económico, y
continuar con la agresión contra las tierras de
comunidad, cuya cúspide fue 1907.


De 1900 a 1936, la heredera Pilar Zalles
administró Collana con su esposo Wenceslao
Yanguas. Entre 1915 y 1921, caciques de la
hacienda denunciaron varias veces a Yanguas por
embargar terrenos y domicilios y promover
detenciones injustas. En calidad de pongos, y
angustiados por el trato despótico traducido en
trabajos forzosos y servicios personales, los
colonos llegaron a pedir garantías personales a la
Cámara de Diputados.

En febrero de 1916 Feliciano Condori denunció que
Yanguas, con ayuda de sus dos hijos y de la fuerza
pública, hostigó y abusó a su familia e intentó
quitarle su tierra por el solo hecho de ser vecina
de la hacienda. Firmó el reclamo Santos Marka
Thola, líder de una nueva red de organizaciones
indígenas que se levantó desde Pacajes contra la
expansión latifundista en 1914.


Seguramente fatigada por la presión de los
colonos, en 1936 la familia de Pilar Zalles vendió
la propiedad a Sara Calderón de Borda, quien en
1940 transfirió la hacienda a Humberto Peinado. Se
tiene referencia de que en 1944 Jorge Rodríguez
Balanza compró las tierras de Collana a Carmen y
Blanca Rosa Estenssoro.


Se supone que los revolucionarios de 1952 tendrían
que haber puesto fin al entuerto centenario, pero
la Reforma Agraria fue tolerante con Collana.
Mediante resolución especial de 1955 se decretó
como propiedad inafectable a 7.050 hectáreas en
favor de Rodríguez Balanza, aunque la misma ley
definía que la extensión máxima para una empresa
agrícola en el Altiplano era de 800 hectáreas. La
hacienda tenía 12.070 hectáreas, pero sólo 4.500
fueron repartidas entre los colonos, 10 a cada uno.


En 1976 Gonzalo Iturralde Monje, el hermano de la
ex primera dama Ximena Iturralde, compró 1.833
hectáreas en Collana a los herederos de Rodríguez
Balanza, sin imaginar que ese negocio marcaría
para siempre la vida de su familia. A las ocho de
la noche del 28 de agosto de 1984, Oscar Mamani
Paco, su empleado, le disparó dos veces, en la
nuca y en la cien. "Lo maté porque éramos
esclavizados y maltratados como animales", declaró
el asesino, quien fue condenado a 30 años de
cárcel.


La muerte de Iturralde no sólo confirmó que la
guerra por la tierra de Collana se mantuvo vigente
hasta el siglo XX, sino que fue considerada "el
inicio de la lucha de clases", tal y como advirtió
el entonces representante de los empresarios
privados Fernando Illanes. El asesinato, un
"premeditado plan revolucionario en aras de la
sovietización del país", a decir de los
empresarios, fue una más de las causas para que la
derecha política emergente presionara de tal
forma al gobierno que Hernán Siles se vio obligado
a adelantar las elecciones.


De la protesta al desacato

Diez años después de la muerte de Iturralde, su
viuda Amparo Campuzano enfrenta una vez más las
réplicas violentas de un conflicto centenario. El
29 de junio de 2003 la comunidad Collana Tholar
ocupó físicamente la hacienda demandando al
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la
reversión de 1.833 hectáreas con el argumento de
que no cumplían con la función económica y social
establecida por ley.


El INRA tardó casi 12 meses en responder que
reconocería 1.050 hectáreas a los dueños de
Collana y que revertiría al Estado otras 700.
Durante la negociación, el dirigente de los
campesinos sin tierra de la zona, Gabriel Pinto
Tola, fue detenido en las oficinas del mismo INRA
acusado de "apología del delito, sedición,
actividad criminal y presunto asesinato del
alcalde de la población de Ayo Ayo, Benjamín
Altamirano".


La ocupación de Collana constituye una de las 41
tomas de tierra -28 de responsabilidad del
Movimiento Sin Tierra (MST)- registradas desde
octubre de 2003. Y como el INA ha dicho que sólo
dispone de 32 mil hectáreas de áreas fiscales para
atender todos esos reclamos "irracionales" y
altamente "politizados", los nietos de la reforma
agraria -esa generación que heredó de una a dos
hectáreas y que ahora sobrevive en el minifundio y
el surcofundio- decidió actuar saqueando la
hacienda Collana y repartiéndose las vacas antes
de incendiar las viviendas de dos familias de
"llunk'us" que compraron tierra a los patrones
mientras la comunidad esperaba un fallo del INRA.


En ese contexto, los sucesos en la provincia Aroma
transcienden el ámbito criminal como quieren
hacer ver algunos fieles de la pseudo antropología
de Alcides Arguedas. Con los años, la pelea por
tierras se ha transformado en una lucha por la
sobrevivencia, pues en una población como Collana,
donde el 86% de la gente vive en comunidad, la
tierra, más que un bien privado, es fundamental
para la subsistencia.


Los campesinos de estas tierras solían conformarse
con denunciar las agresiones de sus patrones a la
Policía o defender sus predios en los tribunales.
Hoy en Ayo Ayo, municipio del que Collana forma
parte, se desconoce a la autoridad estatal y el
objetivo político, frente a un Estado considerado
ineficiente y ajeno, es la autodeterminación.


Referencias:

- Daniela Otero, Rossana Barragán, Florencia Durán
y otros; Collana, conflicto por la tierra en el
Altiplano; Fundación Tierra, 2003.

- Carlos Mamani Condori; Taraqu 1866-1935; Ed.
Aruwiyiri, 1991.

- Marta Irurozqui; Las armonías de las
desigualdades: Elites y conflictos de poder en
Bolivia 1880-1920; CSIC-CBC, 1



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