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[aymara] CIPCANOTAS No. 157



 

CipcaNotas

Boletín Virtual No 157, Año 5. Junio de 2006.

RED de comunicación del personal de CIPCA-Bolivia

www.cipca.org.bo <http://www.cipca.org.bo/> 

 

  _____  

RELANZAMIENTO DEL PROCESO AGRARIO EN BOLIVIA

  _____  

 

 

Por: Eulogio Núñez Aramayo (*)

 

 

En la ciudad de Santa Cruz, el 3 de junio del presente año, ante una masiva
concentración de diversas organizaciones sociales representativas del país,
el gobierno nacional emitió siete decretos supremos en materia agraria y
entregó 26 títulos de propiedad agraria y 34 resoluciones finales de
saneamiento por 3,1 millones de hectáreas, beneficiando de manera directa a
35.295 familias indígenas y campesinas de los departamentos de Pando, Beni,
Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí.

 

Con estos hechos el presidente de la república, Evo Morales, dio inicio a su
política denominada ?Revolución Agraria?. Además, el gobierno anunció que,
en un plazo no mayor a nueve meses dotará, otras 4,7 millones de hectáreas
de tierras fiscales disponibles a indígenas y campesinos sin tierra y que
estas medidas serán acompañadas con la ejecución de programas integrales de
inversión productiva.

 

Los anteriores gobiernos, en nueve años de vigencia de la Ley 1715 y pese
haber gastado cerca de 100 millones dólares americanos, sólo titularon el
18% de 107,47 millones de hectáreas de tierra bajo objeto de saneamiento en
el país, el 30% estaba en proceso y el restante 52% sin sanear. Por otro
lado, de 18 millones de hectáreas de  tierra demandadas por los pueblos
indígenas de tierras bajas, sólo titularon 4,8 millones de hectáreas, y se
han redistribuido cerca de 50 mil hectáreas de tierras fiscales a familias
campesinas y de colonizadores en todo el territorio nacional.

 

Como resultado de un análisis detallado de las siete disposiciones legales
emitidas, de manera general se puede afirmar que están orientadas a
solucionar problemas de vieja data que venía soportando la institucionalidad
agraria como ser: la falta de priorización del tema agrario en la agenda de
los gobiernos, la excesiva lentitud en el proceso de saneamiento y
titulación de tierras, la falta de transparencia en el proceso de
saneamiento de tierras, la falta de voluntad política de las autoridades
públicas para aplicar con celeridad la Ley 1715, las distorsiones
reglamentarias y administrativas en materia agraria, entre otras.

 

En definitiva, las medidas adoptadas apuntan a destrabar el proceso de
regularización de la propiedad agraria y distribuir de manera planificada
las tierras fiscales a indígenas y campesinos sin tierra, y así disminuir la
fuerte presión por el acceso a la tierra y garantizar la seguridad jurídica
al derecho de propiedad agraria.

 

Las organizaciones indígenas y campesinas recibieron con mucha satisfacción
estas medidas y anuncios del gobierno nacional, porque en gran medida son
respuestas concretas a sus viejas demandas relativas al acceso equitativo a
la tierra.

 

Por su parte, los gremios cívicos ?empresariales del oriente boliviano,
anunciaron que realizarán un exhaustivo análisis de dichas normas y que no
descartan en recurrir a los todos los medios legales y sociales para
revertir dichas disposiciones.

 

Finalmente, es importante mencionar que la emisión de estos siete decretos
supremos y la propuesta de modificación parcial a la Ley agraria 1715, son
una buena base para iniciar el relanzamiento del proceso agrario y
establecer escenarios de diálogo intercultural en el ámbito regional y
nacional sobre políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural
sostenible.

 

 

(*) Agrónomo en CIPCA Santa Cruz.

 

 

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