[aymara] CIPCANOTAS No. 162

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Boletín Virtual No 162, Año 5. Julio de 2006.

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NUEVA POLÍTICA AGRARIA ENCAMINADA A LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA TIERRA

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Por: Leila Cortéz Pérez (*)

 

 

A inicios de junio, ante una multitudinaria concurrencia conformada por
indígenas, campesinos, trabajadores del campo ?hombres y mujeres- de todas
las latitudes del país, el presidente Evo Morales emitió 7 Decretos Supremos
como inicio de lo que él llamó Revolución Agraria. 

 

Este acto tuvo lugar en Santa Cruz, donde se concentran grupos de poder
ligados principalmente a la agro-exportación y a la banca. Allí están
concesionarios madereros, empresas petroleras transnacionales, promotores de
la agroindustria para la exportación y los transgénicos, pero
desafortunadamente también se encubren latifundistas y poseedores de tierras
?de engorde?; sectores que se autodefinen como el paradigma del desarrollo y
por tanto, sujetos de privilegios ?que siempre han tenido desde tiempos de
las dictaduras militares hasta los gobiernos de la era democrática de corte
liberal que empieza a cambiar desde diciembre de 2005-.  

 

En ese contexto, el actual gobierno ha mostrado que en democracia es posible
trabajar para el pueblo que, en el tema agrario, se trata de indígenas,
campesinos y empresarios productivos que vienen demandando desde al menos
dos décadas seguridad jurídica de la tierra, pero con distribución, acceso y
tenencia equitativos y con justicia social; situación que no se daba hasta
ahora debido a la distorsión de las leyes e irregularidades de anteriores
autoridades que estuvieron favoreciendo la concentración de la tierra en
pocas poderosas manos.

 

Los decretos lanzados, no hacen más que corregir esas distorsiones y
acelerar el cumplimiento de la ley respecto a la distribución justa de las
tierras, dando prioridad a indígenas y campesinos, hombres y mujeres.
Apuntan, en principio, a distribuir las 3,1 millones de hectáreas de tierras
fiscales detectadas hasta el momento mediante el proceso de saneamiento de
tierras, cantidad que los anteriores gobiernos mantenían en el oscurantismo
y estaban lejos de distribuirlas.

 

Asimismo, uno de los decretos condiciona, a quienes se beneficien de dichas
tierras, a realizar un manejo sostenible y productivo de las mismas, caso
contrario tendrán sanciones y serán sujetos de reversión. Otro de los
decretos declara emergencia nacional la conclusión del saneamiento de la
propiedad agraria, pues la historia ha demostrado que los retrasos han
favorecido la consolidación de latifundios e impedido la distribución de
tierras a indígenas y campesinos; es más, ese manejo cupular y reservado del
saneamiento, ha propiciado la invasión de terceros -muchos de ellos con
afanes de especulación de la tierra y los recursos naturales o su
explotación irracional- a las Tierras Comunitarias de Origen de los pueblos
indígenas que llevan ya 10 años tratando de consolidar sus territorios.

 

Por último, la histórica demanda de las mujeres campesinas ha sido recogida
en los decretos que ahora obligan a que los títulos de la propiedad agraria
salgan tanto a nombre de la mujer como del hombre sin importar el tipo de
unión conyugal.

 

Pero el cambio no sólo radica en el contenido mismo de los decretos, sino
también en la forma en cómo se los ha diseñado. Dichas disposiciones no son
producto de un trabajo de gabinete del ministerio del área, son el resultado
de un largo proceso de consulta en el que participaron todas las
organizaciones indígenas y campesinas del país. Es la primera vez, desde la
promulgación de la ley INRA de 1996, que estos sectores son consultados por
las autoridades. Anteriormente, las políticas agrarias se las diseñaban e
implementaban entre los gobiernos de turno y el sector empresarial
agroexportador, con escasos avances en la titulación de las tierras.

 

Las transformaciones recién empiezan, el gobierno ha anticipado que luego se
vienen medidas de fomento a la producción y generación de mercados para
dignificar la labor empobrecida de los trabajadores del campo que muy pocas
veces han conocido políticas solidarias y pensadas en ellos.

 

Estos cambios de visión han desencadenado conflictos provocados por las
reacciones de quienes sienten perder sus privilegios y por tanto, sus
latifundios y el acceso discrecional a los recursos naturales. Las
reacciones han sido duras y violentas, han arremetido contra las políticas
del gobierno mediante una meticulosa estrategia de manipulación a través de
?sus? medios de comunicación; así han logrado convencer a la opinión pública
a su favor y lo que es peor, han avivado sentimientos racistas y
regionalistas contra indígenas y campesinos.

 

Para agosto se espera contar con una ley de modificaciones a la ley del
Instituto nacional de Reforma Agraria (INRA) para completar el marco
normativo tendiente a agilizar la distribución equitativa de la tierra y
brindar seguridad jurídica para todos.

 

 

(*) Comunicadora en CIPCA Santa Cruz

 

 

 

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