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[aymara] lenguas en Bolivia y en España



Buenos días:

Me presento. Me llamo Joan Moles. Tengo 40 años. Soy catalán. Vivo cerca de 
Barcelona. Soy ciudadano
español de lengua catalana. Trabajo en temas de gerenciación lingüística.

Hace tiempo que sigo con interés esta lista. Veo que ahora tiene 174
subscriptores en yahoogroups. Siempre estoy muy atento a los detalles
lingüísticos: qué se dice sobre el aymara, cómo se usa o no se usa el
aymara, qué función se desea para el aymara, etc.

Quisiera llamar su atención sobre una cosa que es de su interés, creo.

España está evolucionado hacia un modelo de plurilingüismo estatal como el
que tiene Suiza, Bélgica, Finlandia o Canada y que tal vez algunos de
ustedes conocen. No será algo inmediata ni algo libre de obstáculos pero ...
o España asume que el castellano, el catalán, el gallego y el vasco son
lenguas oficiales de las instituciones del Estado (no confundir con que el
vasco sea oficial en Sevilla, por poner un ejemplo) o habrá grandes cambios
políticos en los próximos años. "Lenguas oficiales de las instituciones del 
Estado" quiere decir que se usen en los símbolos del Estado (monedas, 
sellos, estampillas, pasaporte, himno, nombre del país, etc) y en la 
administración central del Estado de tal forma que preste todos sus 
servicios en la lengua del ciudadano. Suiza, Bélgica o Canadá funcionan así.

Les adjunto dos cosas:

a)             Una petición - desde la sociedad civil - que el DNI de España 
(la cédula de
identidad, la tarjeta de identidad, la carta de identidad) sea expedido a
todos los ciudadanos españoles en castellano, catalán, gallego y vasco. Hoy 
es parcialmente bilingüe en las comunidades autónomas donde hay dos lenguas 
oficiales: Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares y debería serlo en Navarra.

b)            Una proposición de ley que deberá debatir el Congreso de los
Diputados en Madrid sobre la "Protección y promoción de las lenguas 
españolas distintas del castellano"

Pueden encontrar ideas interesantes para un modelo lingüístico para Bolívia: 
¿castellano, quechua, aymara, guaraní lenguas oficiales del Estado?

Joan Moles

==

http://www.om-plural.org/noticia.php?id=142 (hay imágenes)

La Organización por el Multilingüismo pide al Gobierno español que el nuevo
DNI electrónico sea en castellano, catalán/valenciano, gallego y euskera
para todos los ciudadanos españoles

La Organización por el Multilingüismo da a conocer sus propuestas gráficas y
un informe técnico entregado a las formaciones políticas

La Organización por el Multilingüismo entiende que ahora es el momento de
adoptar un régimen multilingüe para el nuevo documento de identidad si
realmente existe la voluntad de concretar y visualizar la España plural; no
se puede desaprovechar una oportunidad como esta, cosa que desgraciadamente
no sucedió con el nuevo pasaporte y el nuevo permiso de conducción.

DNI ELECTRÓNICO: UNA REALIDAD EN EUROPA Y UN PROYECTO EN ESPAÑA

El DNI electrónico, con un chip que incluirá datos biométricos de la persona
titular (por ejemplo, las huellas dactilares y el rostro), se podrá usar a
través de un ordenador con un lector adecuado y el correspondiente programa,
y permitirá que el ciudadano realice gestiones seguras a través de Internet
con las administraciones y empresas.

La previsión del Ministerio del Interior pasa por implementar en fase de
pruebas el nuevo DNI electrónico en una ciudad mediana española a principios
de 2007, y sería una realidad en toda España entre finales de 2007 y
principios de 2008.

Bélgica, Estonia, Noruega, Finlandia, Suecia e Italia son algunos de los
países europeos en los cuales ya funcionan documentos de identificación
personal electrónicos. En algunos casos -por ejemplo, Bélgica o Finlandia-
las cartas de identidad electrónicas ya se expiden a todos los ciudadanos en
todo el país. En el caso de Bélgica las cartas de identidad tienen algunos
elementos en neerlandés, francés, alemán e inglés, y el resto es en la
lengua de la región lingüística donde se expiden -siempre en primer lugar- e
inglés. En Finlandia las cartas de identidad son en finés, sueco y dos
lenguas extranjeras (inglés y alemán). En Suecia las lenguas presentes en
las tarjetas son el sueco, el inglés y el francés.

TRES PROPUESTAS

La Organización por el Multilingüismo ha entregado a las formaciones
políticas tres informes, con tres propuestas gráficas diferentes, sobre cómo
podría ser el nuevo DNI electrónico español desde una óptica multilingüe.
Para la elaboración de estos tres informes la Organización por el
Multilingüismo se ha basado en las tarjetas de identidad de Suiza y Bélgica
y la propuesta de DNI presentada por el Ministerio del Interior.

INFORME PÚBLICO

Con la voluntad de conseguir la máxima difusión posible entre los
ciudadanos, las entidades y las instituciones de algunos detalles de las
propuestas elaboradas -como medida de necesaria pedagogía sobre la
implementación real y práctica del multilingüismo estatal-, la Organización
por el Multilingüismo hace público, en catalán/valenciano y en castellano,
el texto íntegro de la propuesta técnica -incluye ejemplos gráficos-
inspirada en la actual tarjeta de identidad de Suiza.

SUIZA: TARJETA DE IDENTIDAD EN CINCO LENGUAS

El resultado final de las tres propuestas de la Organización por el
Multilingüismo es sustancialmente el mismo, pero se ha optado por difundir
la que parte del modelo suizo porque la tarjeta de identidad de Suiza es, en
todos sus elementos, en alemán, francés, italiano y romanche -como lenguas
suizas-, e inglés -como lengua internacional. Es decir, que un modelo
multilingüe similar al modelo tetralingüe propuesto para España ya es una
realidad en Suiza. Cabe notar, además, que el romanche es hablado por 40.000
ciudadanos suizos, muchos menos que los hablantes de catalán/valenciano,
gallego o euskera en España.

DNI ESPAÑOL MULTILINGÜE

La Organización por el Multilingüismo considera muy importante que el nuevo
DNI electrónico sea en castellano, catalán/valenciano, gallego y euskera
después de que el nuevo pasaporte y el nuevo permiso de conducción españoles
no adoptasen este régimen lingüístico. Un DNI electrónico multilingüe (y un
pasaporte o un permiso de conducción multilingüe):

a) Visualizaría, para todos los ciudadanos españoles y extranjeros, la
realidad multilingüe de España.

b) Incorporaría España al grupo de democracias multilingües que incluyen en
sus símbolos e instituciones estatales las diferentes lenguas de sus
ciudadanos.

Cabe remarcar que un DNI multilingüe tiene un coste económico mínimo -si no
inapreciable-; y esto es más evidente cuando se está hablando de un
documento de nueva creación.

La Organización por el Multilingüismo recuerda que continuará trabajando en
la campaña "Documentos plurales", en la cual se enmarca esta iniciativa,
hasta que se alcancen sus objetivos.

Propuesta de DNI electrónico español en castellano, catalán/valenciano,
gallego y euskera (PDF 504 kB). Modelo inspirado en la actual tarjeta de
identidad suiza.
http://www.om-plural.org/documents/pro-dni-e-ch-4_es.pdf

***

Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Aplicación de la
carta en España

Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la
aplicación de la Carta en España.

Capítulo 3. Conclusiones

El Comité de Expertos presenta a continuación sus conclusiones generales
sobre la aplicación de la Carta en España.

(...)

T. Por último, el Comité de Expertos considera que sigue siendo necesario
crear conciencia en España acerca de las lenguas regionales o minoritarias.
En particular, los medios de comunicación españoles apenas prestan atención
a la diversidad lingüística del país, y la mayoría de la población
castellanoparlante y, en especial, las Comunidades Autónomas no afectadas no
son conscientes de que España es un país plurilingüe. Por consiguiente, es
preciso redoblar los esfuerzos para educar a la población mayoritaria
castellanoparlante y a los medios de comunicación nacionales, con miras a
fomentar una mayor aceptación y respeto por las specificidades de las
identidades regionales como parte integrante del patrimonio español. También
es necesario mejorar la comprensión mutua para promover las virtudes del
plurilingüismo y de la diversidad lingüística y, en los grupos lingüísticos
tanto mayoritarios como minoritarios, la idea fundamental de una
coexistencia pacífica y armoniosa.

Estrasburgo, 21 de septiembre de 2005

===

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
VIII LEGISLATURA
Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY 23 de septiembre de 2005 Núm. 202-1

PROPOSICIÓN DE LEY
122/000163 Protección y promoción de lenguas españolas distintas del 
castellano.

Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy,
ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto
de referencia.
(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios
del Congreso
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana
(ERC).
Proposición de Ley de protección y promoción de lenguas
españolas distintas del castellano.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, en los términos
habituales, y notificar al autor de la iniciativa,
recabando del mismo los antecedentes que, conforme
al artículo 124 del Reglamento, deben acompañar a
toda Proposición de Ley.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación
de conformidad con el artículo 97 del Reglamento
de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre
de 2005.-P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a
instancia de los diputados Joan Puigcercós i Boixassa
y Joan Tardà i Coma y al amparo de lo establecido en el
artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición
de Ley de protección y promoción de lenguas
españolas distintas del castellano.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de septiembre
de 2005.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan
Puigcercós i Boixassa, Portavoz del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana (ERC).
Exposición de motivos
La Constitución española establece, en su artículo
3.3, que «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas
de España es un patrimonio cultural que será
objeto de especial respeto y protección». Por su parte,
el artículo 9.2 del texto constitucional determina que
«corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica, cultural y social».
Asimismo, el artículo 46 de la Constitución establece
que «los poderes públicos garantizarán la conservación
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico,
cultural y artístico de los pueblos de España»,
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Congreso 23 de septiembre de 2005.-Serie B. Núm. 202-1
siendo indiscutible que las lenguas de España constituyen
una parte muy significativa de ese patrimonio histórico
y cultural.
Estas disposiciones constitucionales, en particular,
el artículo 3.3, responden, en parte, a una voluntad de
justicia y restitución histórica, habida cuenta de que en
el pasado todas las lenguas españolas distintas del castellano
han sufrido episodios más o menos prolongados
de prohibición e incluso persecución en grados diversos.
Como consecuencia de esta situación, las referidas
lenguas han sufrido, en grados diversos también, una
desvalorización social, lo que a su vez se ha traducido
en algunos casos en claras dificultades para su desarrollo
normal en un mundo cada vez más globalizado, en
el cual el cultivo de los valores globales no debe entenderse
ni realizarse en detrimento de las identidades
particulares. Es por ello que, sin una intervención decidida
de los poderes públicos, este valioso patrimonio
corre el riesgo de desaparecer.
El respeto y protección a que obliga la Constitución
se ha materializado hasta ahora, principalmente, a través
de las disposiciones lingüísticas de los distintos
estatutos de autonomía, así como mediante las diversas
medidas de desarrollo adoptadas por las comunidades
autónomas con lengua propia distinta del castellano,
especialmente mediante la oficialidad y la enseñanza
de los respectivos idiomas, entre otras medidas. Sin
perjuicio de la competencia general de las comunidades
autónomas para regular el alcance general de la
oficialidad de la lengua propia en todos los órdenes,
también el Estado ha adoptado algunas medidas legislativas
ejecutivas de dicho mandato constitucional (por
ejemplo, la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas
Regionales o Minoritarias, el reconocimiento de
la cooficialidad de las distintas lenguas en el marco de
la Ley de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, la
edición del Boletín Oficial del Estado en las distintas
lenguas oficiales, el formato bilingüe del DNI y los
permisos de conducir, entre otros aspectos).
Sin embargo, hasta ahora el Estado no había elaborado
una legislación que desarrolle este mandato constitucional
de forma sistemática para los ámbitos de su competencia,
poniéndose de manifiesto que la falta de tal
legislación crea a menudo situaciones de dificultad e
incluso incomprensión hacia el uso normal de las lenguas
oficiales distintas del castellano, así como episodios
de discriminación negativa para los ciudadanos. Por otra
parte, este desarrollo legislativo no sólo es coherente con
los referidos mandatos constitucionales, sino que cobra
más sentido y parece más necesario, si cabe, a la vista de
la solicitud presentada por España para el reconocimiento
de las lenguas oficiales españolas distintas del castellano
en el seno de la Unión Europea.
Por todo ello, esta Ley viene a formular un reconocimiento
explícito y efectivo de la riqueza y diversidad
del patrimonio lingüístico español, atribuyendo a las
lenguas oficiales que lo integran carácter estatal, junto
al castellano. Para ello se reconoce por primera vez que
las lenguas catalana, vasca y gallega son asimismo oficiales
del Estado, además del castellano, en los ámbitos
competenciales constitucionalmente reservados al
Estado, así como en las instituciones estatales comunes
a todo el territorio español.
Como derivación de la oficialidad, todas las personas
físicas y jurídicas se podrán relacionar con plena
validez y eficacia jurídica con las servicios centrales
del Estado y con las instituciones estatales comunes y
organismos autónomos dependientes del mismo en la
lengua oficial que escojan y la Administración deberá
corresponder en la lengua escogida. Asimismo, las personas
físicas y jurídicas se podrán dirigir a la Administración
periférica del Estado, con igual validez y eficacia,
en castellano o en la lengua propia de la comunidad
autónoma donde radiquen tales servicios, siendo igualmente
correspondidos en la lengua escogida por ellos.
Por otra parte, esta Ley prevé la adopción de medidas
efectivas de protección y promoción que sitúen a tales
lenguas en una situación de igualdad y dignidad equiparable
a la reconocida para la lengua castellana.
Con la finalidad expresada, mediante esta Ley se
modifican el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y el artículo 231 de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial, adoptando la presente Ley
carácter de ley orgánica en lo relativo a este aspecto.
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. Esta Ley tiene por objeto:
1.1 Dar cumplimiento al mandato constitucional
de respetar y proteger el patrimonio lingüístico español
mediante la declaración de la oficialidad de las lenguas
españolas distintas del castellano, que sean oficiales de
al menos una comunidad autónoma, en el ámbito de la
Administración del Estado y en el de todas las instituciones
y organismos estatales de derecho público cuya
organización sea común para toda España.
1.2 Establecer medidas normativas para la protección
efectiva y la promoción de las lenguas españolas
oficiales distintas del castellano, sin perjuicio de ésta,
en el ámbito competencial antes referido.
Artículo 2. Declaración de oficialidad.
2.1 Las lenguas catalana (denominada también
«valenciano» en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Valenciana), vasca y gallega gozan a partir de la entrada
en vigor de esta Ley, además de la lengua castellana
(denominada también «español», especialmente en el
ámbito internacional), del carácter de lengua oficial del
Estado español en los términos establecidos en esta Ley.
2.2 Serán válidas y plenamente eficaces cualesquiera
relaciones y actuaciones jurídicas, públicas y
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Congreso 23 de septiembre de 2005.-Serie B. Núm. 202-1
privadas, instadas o realizadas por cualquier persona o
entidad valiéndose de cualquiera de las lenguas oficiales
de España en relación con cualesquiera dependencias,
agencias, servicios y cuerpos funcionariales estatales,
fuerzas y cuerpos de seguridad y organismos militares
dependientes de la Administración central del Estado y,
asimismo, todas las relaciones jurídicas realizadas en la
lengua oficial propia de una comunidad autónoma en
relación con los órganos y servicios de la Administración
del Estado situados en la respectiva comunidad
autónoma.
2.3 Será igualmente válido y plenamente eficaz el
uso de cualquiera de las lenguas oficiales con respecto
a todas los institutos y organismos públicos estatales
cuya organización sea única y común para toda España,
con independencia del lugar donde estén ubicadas.
Artículo 3. Derechos derivados de la oficialidad de
las lenguas españolas distintas del castellano.
3.1 La oficialidad de las lenguas catalana, vasca y
gallega, junto con la de la lengua castellana, se concreta,
en el ámbito de la Administración del Estado y de
las instituciones, agencias y organismos públicos
comunes para todo el territorio español dependientes
de dicha Administración, con independencia de que los
mismos tengan o no personalidad jurídica propia, en la
disponibilidad de los siguientes derechos lingüísticos
básicos de todos los ciudadanos y de todas las personas
jurídicas:
a) Dirigirse a cualesquiera órganos, agencias y
servicios dependientes de la Administración central del
Estado, así como a las instituciones y organismos
públicos comunes para todo el territorio español dependientes
de la misma, en la lengua oficial que los interesados
elijan y recibir respuesta en esa misma lengua,
sin que se produzca discriminación alguna ni dilaciones
indebidas por razón de la lengua escogida, todo ello
con independencia del lugar del territorio español
donde resida el interesado. No obstante, en relación con
la Administración periférica del Estado, las lenguas
escogidas sólo podrán ser, además del castellano, la
lengua o lenguas oficiales propias de la comunidad
autónoma donde radique el servicio u organismo
dependiente de la Administración del Estado.
b) Obtener la documentación oficial cuya competencia
corresponda expedir al Estado en la lengua oficial
escogida por el interesado, en particular, pero sin
carácter limitativo, el documento nacional de identidad,
el permiso de conducir, el pasaporte, el libro de familia,
las tarjetas de residencia y trabajo para extranjeros, certificados
de toda clase, diplomas y títulos oficiales de
todo tipo.
c) Disponer sin demora de un texto oficial en
todas las lenguas oficiales españolas de todas las normas
legales que sean de aplicación general en todo el
territorio español, incluyendo todos los modelos y formularios
necesarios para su aplicación y para la presentación
de toda clase de solicitudes y declaraciones.
d) Disponer de moneda, sellos oficiales, sellos
postales y toda clase de efectos timbrados en todas las
lenguas oficiales, sin perjuicio de la normativa de la
Unión Europea en cuestiones monetarias.
e) Obtener información de la Administración del
Estado y de cualquiera de sus institutos, agencias y
organismos públicos dependientes en igualdad de condiciones
que la información ofrecida en lengua castellana.
En particular, el Estado debe velar para que la
información en línea ofrecida mediante sus sitios web
esté plenamente disponible y puntualmente actualizada
de forma completa en todas las lenguas oficiales. En el
ámbito territorial de las respectivas comunidades autónomas
la información deberá poderse facilitar, además,
atendiendo oralmente a los ciudadanos en castellano o
en el idioma oficial propio de la comunidad autónoma
de que se trate.
f) Relacionarse en la lengua oficial propia de la
comunidad autónoma con los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado y con la administración militar
radicada en la misma.
g) Relacionarse con los servicios exteriores del
Estado (embajadas y consulados), de acuerdo con la
categoría y posibilidades de tales servicios en la forma
que se establezca reglamentariamente.
3.2 Los derechos establecidos en esta Ley no
podrán dar lugar a interpretaciones más restrictivas de
cualesquiera derechos lingüísticos ya existentes a la
entrada en vigor de esta Ley, ya sean resultantes de los
tratados internacionales firmados por el Estado español,
derivados de las normativas estatales, autonómicas
o municipales preexistentes o dimanantes de la jurisprudencia
de los tribunales.
Artículo 4. Obligaciones de la Administración del
Estado y de las instituciones y organismos públicos
comunes para todo el territorio español.
4.1 El Gobierno nombrará a un Comisionado cuya
misión consistirá en garantizar el cumplimiento de esta
Ley, con competencia para intervenir en todos los niveles
y servicios dependientes de la Administración pública
estatal y las instituciones y organismos públicos comunes
para todo el territorio español. Las funciones específicas
del Comisionado y de la Oficina que dependerá del
mismo, su composición y organización y la determinación
de los medios necesarios para la plena aplicación de
la Ley se determinarán reglamentariamente.
4.2 La Administración del Estado y las instituciones,
agencias y organismos autónomos dependientes de
la misma deberán disponer, tanto en los servicios centrales
como en sus dependencias administrativas en el territorio
de las comunidades autónomas con lengua propia,
del personal necesario con capacitación lingüística sufi3

Congreso 23 de septiembre de 2005.-Serie B. Núm. 202-1
ciente para dar cumplimiento efectivo al principio de
disponibilidad lingüística establecido en esta Ley.
4.3 Los servicios de traducción que sean necesarios
establecer y mantener para el cumplimiento de lo dispuesto
en esta Ley serán a cargo de los presupuestos
generales del Estado, debiéndose habilitar anualmente en
los mismos las partidas económicas correspondientes.
4.4 Los servicios de traducción del Estado deberán
contar con los medios humanos y técnicos suficientes
para dar una respuesta ágil y efectiva al nivel de
disponibilidad lingüística demandada por los ciudadanos,
evitando en todo caso dilaciones indebidas. Sin
perjuicio de ello, la Administración del Estado podrá
establecer convenios con los servicios de las comunidades
autónomas con lengua oficial propia distinta del
castellano al efecto de dar cumplimiento parcial o total
a las necesidades de traducción, en cuyo caso se transferirán
a las comunidades autónomas las partidas presupuestarias
correspondientes.
4.5 La rotulación, sea fija o dinámica, y la megafonía
de los centros dependientes de la Administración
periférica del Estado, inclusive las instituciones, agencias
y organismos autónomos comunes para todo el
territorio español dependientes del Estado, siempre que
estén situados en territorios con lengua propia oficial
distinta del castellano, deberán figurar necesariamente
en la lengua oficial propia del territorio, sin perjuicio de
que también puedan estar en castellano u otras lenguas.
4.6 Las leyes aprobadas por las Cortes Generales,
los decretos y demás reglamentos aprobados por el
Gobierno español, así como, al menos, las leyes y las
directivas o leyes marco europeas, deberán estar disponibles
en todas las lenguas oficiales del Estado. En caso
de discrepancia entre las distintas versiones, prevalecerá
la versión original a partir de la cual se hayan realizado
las traducciones.
Artículo 5. La Administración de Justicia.
5.1 Los derechos lingüísticos reconocidos en esta
Ley son también de aplicación directa en el ámbito de
la Administración de Justicia en cualquier órgano perteneciente
a la misma de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley Orgánica del Poder Judicial.
5.2 El Consejo General del Poder Judicial, las
Salas de Gobierno y los demás órganos de gobierno del
poder judicial deben adoptar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las medidas necesarias para
garantizar la plena efectividad de la oficialidad de todas
las lenguas de España en el ámbito de la Administración
de Justicia.
5.3 Sin perjuicio de la futura adopción de las
medidas legislativas y reglamentarias necesarias para la
efectividad de esta Ley en el ámbito de la Administración
de Justicia, tras la entrada en vigor de esta Ley el
Consejo General del Poder Judicial deberá establecer el
nivel mínimo de conocimiento de la lengua oficial propia
de un territorio que será exigible para poder concursar
a las plazas de magistrado, juez o secretario judicial
vacantes en los territorios con lengua propia oficial distinta
del castellano, siendo exigible cuando menos la
comprensión oral y escrita de la lengua oficial propia
del territorio donde se sitúe la vacante a concurso.
Artículo 6. Medidas de protección y fomento de las
lenguas oficiales distintas del castellano.
6.1 El Estado deberá adoptar medidas de protección
y fomento de las lenguas oficiales distintas del
castellano para conseguir la plena efectividad de su
oficialidad y garantizar la normalización de su uso en
todos los ámbitos de la vida cotidiana en los territorios
que constituyen su dominio lingüístico.
6.2 En particular, el Estado deberá adoptar las
medidas siguientes:
a) Prever las medidas de aplicación de lo dispuesto
en esta Ley en toda nueva legislación que establezca
requisitos lingüísticos.
b) Garantizar, sin perjuicio de las competencias de
las comunidades autónomas y de acuerdo con ellas, que
la oferta de toda clase de bienes y servicios ofrecidos en
el ámbito de las comunidades autónomas con lengua
propia, incluyendo, sin carácter limitativo, el etiquetaje,
las instrucciones de uso, los catálogos y la atención al
cliente, esté disponible para los consumidores preferentemente
en la lengua oficial propia de la comunidad, sin
perjuicio de que también pueda estarlo en castellano.
c) Establecer que las emisoras de radio y televisión,
públicas y privadas, con una autorización o concesión
para emitir para todo el territorio español emitan
al menos la mitad de su programación en las lenguas
oficiales distintas del castellano, ya sea mediante desconexiones
territoriales o mediante la disponibilidad de
canales de audio diferenciados. La determinación de
las franjas horarias hábiles para el cumplimiento de
estas medidas se establecerán reglamentariamente, si
bien al menos la mitad de la programación en lenguas
oficiales distintas del castellano deberá emitirse durante
horas de máxima audiencia.
d) Difundir el conocimiento de la realidad plurilingüe
y pluricultural del Estado mediante su inclusión
en los planes de estudio oficiales de enseñanza primaria
y secundaria, e impulsar el estudio de las lenguas oficiales
distintas del castellano en las comunidades autónomas
castellanohablantes, tanto en la enseñanza
secundaria y bachillerato como en las escuelas oficiales
de idiomas, en las universidades y en los centros escolares
españoles sitos en el extranjero.
e) Adoptar, a petición de una o varias comunidades
autónomas interesadas, y sin perjuicio de sus competencias,
las medidas legales y económicas necesarias
para: i) garantizar la disponibilidad de las obras y producciones
audiovisuales que se distribuyan en España
en la lengua oficial propia de la comunidad autónoma;
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Congreso 23 de septiembre de 2005.-Serie B. Núm. 202-1
ii) garantizar la distribución efectiva de la versión en
dicha lengua, simultánea a la versión castellana, tanto
en lo referente a las proyecciones en salas como en lo
referente a la venta o alquiler en soporte DVD o similar,
a fin de que los ciudadanos puedan acceder a
tales versiones en condiciones similares que en la versión
castellana en todo el dominio lingüístico de dicha
lengua.
e) Asegurar la disponibilidad simultánea de versiones
plurilingües en las lenguas oficiales del Estado
de los programas informáticos de mayor difusión y de
sus actualizaciones.
f) Asegurar la disponibilidad simultánea de versiones
plurilingües en las lenguas oficiales del Estado
de los aparatos y servicios de telefonía fija y móvil.
g) Disponer las medidas necesarias para permitir
un uso normal de todas las lenguas oficiales del Estado
en los trabajos de comisiones y plenos de las dos
Cámaras de las Cortes Generales.
h) En relación con los cuerpos de funcionarios del
Estado destinados a territorios con lengua oficial propia
distinta del castellano, exigir la acreditación previa de
un nivel de conocimiento de dicha lengua oficial propia
adecuado a las funciones inherentes a las vacantes de
que se trate, como requisito para concursar a tales
vacantes.
i) Dar a conocer en el ámbito internacional la realidad
plurilingüística del Estado y, a tal efecto, entre
otras medidas, editar el material informativo oportuno,
colaborar económicamente en el sostenimiento de centros
escolares que ofrezcan enseñanza en el extranjero
en cualquiera de las lenguas oficiales españolas y contribuir
a la financiación de los institutos de promoción
exterior de las distintas lenguas de España, independientemente
que éstos también estén financiados por
comunidades autónomas. El presupuesto destinado por
parte del Estado a dichos centros escolares e institutos
de promoción exterior deberá ser, para cada lengua oficial
distinta del castellano y en relación con el presupuesto
dedicado a la promoción exterior del español,
proporcional al número de hablantes de cada una de las
lenguas oficiales distintas del castellano, tomándose al
efecto como criterio principal la población total residente
en las comunidades autónomas con lengua oficial
propia distinta del castellano, sin perjuicio de otros criterios
específicos.
j) Promover convenios de colaboración cultural y
de promoción lingüística entre comunidades autónomas
que compartan una misma lengua oficial, y suscribir,
a instancias de las comunidades autónomas interesadas,
convenios internacionales con los Estados que
compartan dichas lenguas oficiales.
k) Adoptar las medidas oportunas para que todas
las lenguas oficiales del Estado tengan plena oficialidad
en la Unión Europea, el Consejo de Europa y las
Naciones Unidas, y utilizar todas las lenguas oficiales
en la celebración de tratados internacionales.
l) Apoyar la presencia directa de las comunidades
autónomas con lengua oficial propia distinta del castellano
que lo soliciten en la Unesco y demás foros y
organismos internacionales de ámbito cultural o lingüístico.
Disposición adicional primera.
1. Los derechos reconocidos por esta Ley son de
aplicación entre cualesquiera personas físicas y jurídicas
y la Administración central del Estado y las instituciones
y organismos autónomos estatales, con independencia
de su lugar de residencia.
2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá sin perjuicio
de la competencia general de las comunidades
autónomas para regular el alcance general de la oficialidad
de la lengua propia en todos los órdenes.
3. Los derechos reconocidos por esta Ley y cualquier
normativa de desarrollo de la misma son de aplicación
directa a las comarcas catalanohablantes de la
franja oriental de Aragón y a los territorios gallegohablantes
de la franja occidental de Asturias y de la franja
noroccidental de Castilla y León en relación con la
Administración periférica del Estado situada en las respectivas
comunidades autónomas, debiendo el Estado
adoptar las medidas necesarias para su efectividad.
Disposición adicional segunda.
1. A iniciativa de las comunidades autónomas
afectadas, el Gobierno determinará los derechos previstos
en esta Ley que podrán ser de aplicación a las demás
lenguas españolas no oficiales del Estado.
2. Para la determinación de los derechos lingüísticos
aplicables a los hablantes de tales lenguas con la
Administración del Estado, se tendrán en cuenta la respectiva
situación sociolingüística y la demanda social
existente, las posibilidades técnicas y, en todo caso, la
opinión de la respectiva comunidad autónoma.
Disposición adicional tercera.
Queda modificado el artículo 36 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el cual tendrá la siguiente
redacción:
«Artículo 36. Lengua de los procedimientos.
1. La lengua de los procedimientos tramitados por
la Administración General del Estado desde una sede
común para el todo el territorio español será la lengua
oficial elegida por el interesado, con independencia del
lugar de residencia del mismo. En relación con los
órganos de la Administración General del Estado con
sede en el territorio de una Comunidad Autónoma con
lengua oficial propia distinta del castellano, las lenguas
5

Congreso 23 de septiembre de 2005.-Serie B. Núm. 202-1
escogidas por el interesado sólo podrán ser las lenguas
oficiales en dicha Comunidad.
2. Sin perjuicio de la libertad de elección del interesado,
los actos de iniciación o instrucción iniciales
del procedimiento serán en castellano cuando el expediente
se tramite desde una sede central o única de la
Administración General del Estado, mientras que lo
serán en la lengua oficial propia de la Comunidad
Autónoma cuando el expediente se tramite en una sede
situada en ella.
3. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento,
y existiera discrepancia en cuanto a la lengua,
el procedimiento se tramitará simultáneamente en castellano
y en la lengua oficial escogida por los otros
interesados, siendo de cuenta y cargo de la Administración
las traducciones pertinentes.
4. En los procedimientos tramitados por las Administraciones
de las Comunidades Autónomas y de las
Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo
previsto en la legislación autonómica correspondiente.
5. La Administración pública instructora deberá
traducir al castellano los documentos, expedientes o
partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del
territorio de la Comunidad Autónoma, así como los
documentos dirigidos a los interesados residentes fuera
de la misma que así lo soliciten expresamente. Si debieran
surtir efectos en el territorio de una Comunidad
Autónoma donde sea oficial esa misma lengua distinta
del castellano, no se precisará traducción alguna.»
Disposición adicional cuarta.
Queda modificado el artículo 231 de la Ley Orgánica
6/1985, del Poder Judicial, el cual tendrá la siguiente
redacción:
«Artículo 231. 1. La lengua oficial de las actuaciones
procesales podrá ser indistintamente en cualquier
lengua oficial de la comunidad autónoma donde
vayan a sustanciarse las mismas.
2. Las actuaciones procesales del órgano jurisdiccional
se desarrollarán en la lengua oficial que escoja el
propio órgano, salvo que cualquiera de las partes privadas,
en la primera actuación que realicen ante el mismo,
solicite expresamente que dichas actuaciones se realicen
en otra lengua oficial en el territorio en que tenga
su sede el órgano, en cuyo caso se llevarán a cabo
dichas actuaciones en este último idioma. Si se produjera
discrepancia entre las partes en cuanto a la lengua
escogida, el órgano jurisdiccional decidirá el idioma de
sus actuaciones.
3. Las actuaciones de las partes privadas, sus
representantes y quienes les defiendan, así como los
testigos y peritos, se desarrollarán en la lengua oficial
que cada uno de ellos elija.
4. Las partes públicas también desarrollarán sus
actuaciones en la lengua que elijan, salvo que alguna
parte privada, en la primera actuación ante el órgano
jurisdiccional, solicite expresamente que las partes
públicas realicen sus actuaciones en otra lengua oficial
en el territorio en que tenga su sede el órgano, en cuyo
caso se llevarán a cabo dichas actuaciones en este último
idioma. Habiendo pluralidad de partes privadas y
contraste en sus solicitudes lingüísticas, el órgano jurisdiccional
decidirá el idioma de las actuaciones de las
partes públicas.
5. Si el letrado de una parte, o la propia parte
cuando ejerza la autodefensa, no residen o no tienen
domicilio social en una comunidad autónoma cuya lengua
oficial propia sea la utilizada en el desarrollo de las
actuaciones, se dispondrá la traducción de oficio de las
mismas al castellano, si el letrado, o la parte en caso de
autodefensa, así lo requirieran expresamente. El Juez o
Tribunal habilitará como traductor a cualquier miembro
del personal del órgano jurisdiccional conocedor de
la lengua oficial autonómica. Únicamente faltando este
último, habilitará a cualquier persona conocedora de
dicha lengua.
6. Las actuaciones procesales redactadas en una
lengua oficial propia de una comunidad autónoma que
se remitan desde la misma a órganos jurisdiccionales
sitos en otra comunidad autónoma que no posea lengua
oficial propia coincidente, incluyendo los órganos
jurisdiccionales competentes en todo el territorio del
Estado, tendrán plena validez y eficacia, sin que se puedan
producir inadmisiones a trámite ni demoras indebidas
por esta circunstancia. En tales casos se dispondrá
de oficio la traducción de dichas actuaciones, en la
forma que reglamentariamente establezca el Consejo
General del Poder Judicial.
7. Los extranjeros podrán declarar en su lengua
propia no coincidente con ninguna que sea oficial en el
lugar de celebración del procedimiento, previa la designación
de intérprete a cualquier conocedor de la misma
y con preceptiva grabación en documento multimedia
de la declaración y la traducción. Con respecto a los
escritos redactados en idioma extranjero, será preceptiva
su traducción por la parte que presente el documento
al idioma que escoja dicha parte según lo dispuesto en
el párrafo tercero. Se requerirá traducción jurada de las
actuaciones realizadas en idioma extranjero únicamente
si una de las partes protesta la fidelidad de la traducción,
haciéndose cargo esa parte provisionalmente de
los costes incurridos, y de manera definitiva si finalmente
la traducción oficial es esencialmente coincidente
con la privada. Si no es coincidente, abonará los
gastos la parte que presentó la traducción errónea.»
Disposición adicional quinta.
Se faculta expresamente al Gobierno para desarrollar
reglamentariamente el contenido de esta Ley.
6

Congreso 23 de septiembre de 2005.-Serie B. Núm. 202-1
Disposición transitoria primera.
El nombramiento del Comisionado del Gobierno
para la aplicación y seguimiento de lo previsto en esta
Ley y la organización de su Oficina deberá tener lugar
en el plazo de los tres meses siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley.
Disposición transitoria segunda.
En el plazo máximo de un año a contar desde la
entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno deberá presentar
a las Cortes un proyecto de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales de
todos los órdenes jurisdiccionales en lo relativo a la
aplicación de esta Ley en el ámbito del Poder Judicial.
Disposición transitoria tercera.
En el mismo plazo máximo de un año a contar desde
la entrada en vigor de esta Ley, se llevará a efecto la
adecuación de la normativa reguladora de la función
pública y cuerpos de funcionarios dependientes de la
Administración del Estado para determinar los requisitos
lingüísticos exigibles para ocupar plazas en las
comunidades autónomas con lengua propia.
Disposición transitoria cuarta.
Dentro de los tres años siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley, las instituciones y organismos de los
cuales dependan los funcionarios del Estado que sean
titulares de una plaza o destino definitivo en una comunidad
autónoma con lengua oficial propia deberán adoptar
las disposiciones necesarias para que los mismos acrediten
los conocimientos lingüísticos mínimos que, en su
caso, sean necesarios para desempeñar las tareas que
tengan encomendadas. Las tareas y los puestos para las
que se requerirá dicha acreditación, así como el nivel de
conocimientos exigible en cada caso serán determinados
reglamentariamente por el Gobierno.
Disposición transitoria quinta.
Dentro de los tres años siguientes a la entrada en
vigor de esta Ley, el Estado deberá ultimar la traducción
oficial a todas las lenguas oficiales de todas las
normas legales vigentes de aplicación general en todo
el territorio español anteriores a esta Ley.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley y,
especialmente, toda legislación que suponga una prohibición,
exclusión o subordinación de las lenguas oficiales
distintas del castellano con respecto a este idioma.
Disposición final.
Esta Ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
7

Edita: Congreso de los Diputados
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